Hablamos cada vez más de Compliance, cumplimiento normativo y cultura de integridad en las empresas y organizaciones.
Y es necesario.
Pero hay una pregunta que también deberíamos hacernos:
¿Qué está pasando con la cultura de integridad en nuestras instituciones y, en particular, en aquellos ámbitos de los que depende buena parte de la seguridad jurídica y económica de nuestro país?
No es una pregunta menor. DESCARGAR ESTUDIO
Atasco judicial, procedimientos y pérdida de confianza
Nos encontramos con clientes y compañeros de profesión que manifiestan una creciente desconfianza hacia nuestras instituciones y, especialmente, hacia la Justicia.
La percepción de retrasos, procedimientos que se prolongan durante años y, al mismo tiempo, situaciones en las que determinados procedimientos parecen avanzar con mucha mayor rapidez genera preguntas difíciles de ignorar.
¿Existe una explicación objetiva para estas diferencias?
¿Son consecuencia exclusivamente de la carga de trabajo, de la organización y de los recursos disponibles?
¿O existen otros factores que deberían ser analizados?
No corresponde convertir sospechas en hechos ni realizar acusaciones sin pruebas. Pero tampoco deberíamos dejar de formular preguntas cuando la confianza de ciudadanos y empresas en las instituciones se deteriora.
Porque sin confianza no existe una verdadera cultura de cumplimiento.
¿Y qué ocurre cuando una empresa entra en concurso?
Aquí aparece otra cuestión especialmente relevante: la situación de las empresas que llegan al procedimiento concursal.
El concurso de acreedores tiene, entre otros objetivos, ordenar una situación de insolvencia y ofrecer una posibilidad de continuidad cuando la empresa todavía es viable.
Sin embargo, los datos son contundentes.
Según el análisis recogido en el documento que acompaña a este artículo, elaborado a partir del Anuario Concursal 2024. El concurso de acreedores en cifras, del Colegio de Registradores de España, entre 2018 y 2024 únicamente un 6,1 % de las sociedades que alcanzaron una solución concursal obtuvo un convenio.
El 93,9 % terminó en liquidación.
Y el dato de 2024 resulta todavía más significativo:
solo 4 de cada 100 sociedades consiguieron un convenio, mientras que 96 de cada 100 terminaron en liquidación.
¿Cuántas empresas consiguen continuar?
| Periodo | Convenios aprobados | Liquidaciones |
|---|---|---|
| 2018 | 8,0 % | 92,0 % |
| 2019 | 7,6 % | 92,4 % |
| 2020 | 5,0 % | 95,0 % |
| 2021 | 6,0 % | 94,0 % |
| 2022 | 5,2 % | 94,8 % |
| 2023 | 6,7 % | 93,3 % |
| 2024 | 4,0 % | 96,0 % |
| Media 2018-2024 | 6,1 % | 93,9 % |
Hay que hacer una precisión importante: un convenio aprobado no significa necesariamente que la empresa vaya a sobrevivir definitivamente. El convenio está condicionado al cumplimiento de los pagos y compromisos asumidos, y algunos pueden terminar incumpliéndose.
Del mismo modo, una liquidación no significa necesariamente que toda la actividad desaparezca. La venta de una unidad productiva puede permitir que otra sociedad continúe con parte del negocio y mantenga puestos de trabajo, aunque la empresa concursada original termine extinguiéndose.
El problema empieza mucho antes del concurso
Por eso, quizá deberíamos cambiar la pregunta.
No se trata solamente de preguntarnos:
“¿Qué ocurre cuando una empresa entra en concurso?”
La pregunta debería ser:
“¿Qué estamos haciendo antes de que una empresa tenga que entrar en concurso?”
La prevención es fundamental.
Una empresa que detecta con suficiente antelación sus problemas financieros dispone de más margen para analizar alternativas, negociar, reestructurar su deuda y adoptar decisiones antes de que el deterioro sea irreversible.
El propio análisis estadístico apunta precisamente en esa dirección: la prevención, la detección temprana de la insolvencia y la utilización de planes de reestructuración antes de que la situación sea irreversible son factores determinantes para aumentar las posibilidades de supervivencia empresarial.
¿Estamos destruyendo tejido empresarial que podría haberse salvado?
Detrás de cada procedimiento concursal no hay solamente balances, acreedores y expedientes.
Hay empresarios.
Hay familias.
Hay trabajadores.
Hay proveedores.
Hay clientes.
Y hay años de esfuerzo empresarial.
Especialmente preocupante es el impacto que estos procesos pueden tener sobre la empresa familiar y las pequeñas y medianas empresas, una parte esencial del tejido productivo español.
Cuando una empresa desaparece, las consecuencias no terminan en sus socios. Se extienden a trabajadores, proveedores, familias y comunidades enteras.
Por eso el asesoramiento jurídico no debería entenderse únicamente como una herramienta para reaccionar cuando aparece el problema.
Debe ser, ante todo, prevención.
Compliance también significa integridad
El Compliance no puede reducirse a disponer de protocolos, matrices de riesgos o documentos que permitan demostrar que existe un sistema de cumplimiento.
La cultura de integridad debe impregnar la organización.
Y esa cultura debería extenderse a todos los niveles.
Empresas.
Administraciones.
Instituciones.
Profesionales.
Órganos encargados de aplicar las normas.
Porque exigir cumplimiento a las empresas mientras la sociedad percibe una falta de integridad en otros ámbitos genera una contradicción difícil de sostener.
La confianza en el Estado de Derecho también forma parte del ecosistema empresarial.
La prevención es mucho más que cumplir una obligación
Cuando una empresa llega al concurso con un deterioro financiero avanzado, las posibilidades de continuidad pueden ser muy reducidas.
Los datos que acompañan este artículo son suficientemente elocuentes: de cada 100 sociedades que alcanzaron una solución dentro del concurso entre 2018 y 2024, aproximadamente 6 obtuvieron un convenio y 94 terminaron en liquidación.
Por eso, un buen asesoramiento legal no debería comenzar cuando ya no queda margen de maniobra.
Debería comenzar mucho antes.
Prevenir. Detectar. Analizar. Reestructurar. Actuar.
Ese debería ser el orden.
Y, al mismo tiempo, debemos seguir hablando de cultura de integridad, no solamente dentro de las empresas, sino en todos aquellos ámbitos de los que depende la confianza de ciudadanos y empresarios.
Porque la pregunta de fondo no es únicamente cuántas empresas sobreviven a un concurso.
La pregunta es:
¿Cuántas empresas podríamos evitar que llegaran a una situación irreversible si actuáramos a tiempo?
Y, quizá, una segunda pregunta sea todavía más importante:
¿Qué estamos haciendo como sociedad para recuperar la confianza en nuestras instituciones?